Los procesos por insolvencias crecen un 9% en la provincia frente a la caída del 20% a nivel estatal.


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Las compañías con más trayectoria en el mercado acaban sucumbiendo, tras haber intentado durante años sobrevivir a la recesión. Dieciséis familias iniciaron el pasado año el proceso concursal.

Han aguantado los embates más duros de la crisis y, al final de la recesión, pese a una larga trayectoria en el mercado, no han podido aguantar más y han tenido que recurrir al proceso concursal para intentar afrontar y sanear sus deudas y salir adelante. Esta situación la vivieron el pasado año 35 empresas de la provincia con más de 20 años de antigüedad. Aunque la cifra es un 18,6% inferior a la del ejercicio anterior, si se suma con las 109 que cuentan entre 5 y 19 años operativas, conforman un elevado número de compañías con una importante antigüedad que ha tenido que presentar el proceso de concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos), según reflejan los últimos datos del Instituto Nacional del Estadística (INE).

«El problema es que han aguantado tanto tiempo que llega un momento en que tienen que recurrir a esta figura. Y, en muchos casos, se encuentran con que tienen poca liquidez», explica Isabel Robles, responsable del área de Economía Forense del Colegio de Economistas de Alicante. El instrumento del proceso concursal tiene como objetivo que las compañías puedan reflotarse al final del mismo. Pero, en la realidad, «muchas empresas se resisten a iniciar el expediente, a veces por cuestión de imagen, y cuando llegan a esta vía ya están con el agua al cuello. Es importante que se prepare el concurso un poco antes de presentarse, que se tenga algo de liquidez para poder salir adelante. En caso contrario, en muchas ocasiones, las mercantiles tienen que ir a liquidación», advertía Robles.

El pasado año los expedientes de concursos de acreedores por insolvencias crecieron un 8,8% en la provincia en relación a 2015. Fueron 168 las empresas (+9%) y 16 las personas físicas o familias (+6,6%). Y, al contrario de lo que ocurrió al inicio de la crisis, las de menos antigüedad registran un importante descenso. El número de sociedades concursadas de hasta cuatro años apenas superó la veintena, lo que representa un descenso del 14,8%. En estos casos podrían encontrarse empresas que se crearon «al calor de una incipiente recuperación y que no disponían de una base sólida para afrontar las exigencias comerciales, operativas o financieras de los mercados», según incidía Francisco Llopis, responsable del departamento de Estudios del Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca).

Descenso a nivel estatal

El incremento de los casos de concursos de acreedores por segundo año consecutivo en Alicante contrasta con la evolución a la baja en el contexto nacional, que acumula tres años de tendencia negativa. «En 2016, el descenso fue del 20%», según indica Llopis. El experto atribuye esta diferencia con el resto de España a que en la provincia «aún se está produciendo un ajuste empresarial».

Y, de igual forma, si al inicio de la crisis fueron las constructoras, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, las que utilizaban más la vía del proceso concursal, al final de la misma, son las empresas más relacionadas con el consumo las que arrojan un mayor número de expedientes. En 2016, fueron 23 firmas de bienes de consumo no duradero (+109%) y 38 de comercio al por mayor (-17,3%). Para Isabel Robles, esta incidencia está directamente relacionada con un largo periodo de descenso de la demanda. «Si las ventas no aumentan por una bajada del consumo , las tiendas no compran tampoco productos a los mayoristas, y éstos también se ven afectados».

Según los datos del INE, los casos de empresas de hostelería y de construcción que iniciaron expediente de concurso el pasado año en Alicante alcanzaron la decena en ambos sectores. Los diez procesos de inmobiliarias suponen un 150% más que hace un año. Esto indicaría que pese al repunte de la actividad, todavía el ajuste en el sector sigue pasando factura a las mercantiles.

Por otra parte, los casos de insolvencias crecieron más entre los autónomos o las empresas más pequeñas (de entre uno o dos trabajadores). Destaca el crecimiento de un 40% entre los autónomos. Los trabajadores por cuenta propia son uno de los colectivos que se han visto más expuestos durante la crisis, «también con su patrimonio», según subraya Isabel Robles. La experta apunta que desde la aprobación el pasado año de la Ley de Segunda Oportunidad, muchos autónomos han recurrido al concurso de acreedores «y en muchos casos como empresa y como persona física».

Con esta normativa, es posible exonerar los pagos, siempre y cuando se haya negociado la deuda con un mediador y se cumplan todos los requisitos exigidos. Una vez culminado el proceso, «pueden empezar una actividad nueva sin arrastrar el lastre financiero anterior», indica Robles.

Eso sí, la economista advierte de que la aplicación de la misma está creando «cierta confusión y ralentización», dado que, hay casos que los juzgados de Primera Instancia dicen que no son competentes y se trasladan a los de Mercantil, «por lo que se dilata el proceso», añade la experta.

Para el analista de Ineca, en general, la evolución de los procesos concursales el pasado año en Alicante, «ponen de manifiesto que hay empresas que no se están adaptando de manera adecuada a las nuevas exigencias del mercado, el cual sigue presentándose con elevadas dosis de incertidumbre y variabilidad».

 Fuente DIARIOINFORMACION.COM