El número de asuntos ingresados en los órganos judiciales durante el segundo trimestre de 2014 fue de 2.201.543, lo que supone una disminución del 2,7% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos hechos públicos por la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial.
El informe “Situación de los órganos judiciales en el segundo trimestre de 2014” revela también que entre los pasados 1 de abril y 30 de junio los tribunales españoles resolvieron 2.271.102 asuntos y que al final de ese periodo quedaban en trámite otros 2.539.761.
Por jurisdicciones, el número de asuntos ingresados en la Civil alcanzó los 481.432, un 7,2 % más que en el segundo trimestre de 2013. Los asuntos resueltos fueron 500.190 y los que quedaban en trámite al final del periodo estudiado 998.283.
En la jurisdicción Penal entraron 1.557.121 asuntos, lo que representa una disminución del 4,7 % respecto al mismo periodo de 2013. En los tres meses analizados se resolvieron 1.597.252 asuntos y quedaban en trámite otros 959.598.
El informe destaca que el número de asuntos en trámite sigue disminuyendo y lo hace en todas las jurisdicciones, habiendo bajado del millón en la Civil. Esto se debe a que se resuelven más asuntos de los que ingresan y al esfuerzo de los órganos judiciales en la depuración y control de los asuntos en trámite, impulsados por las “inspecciones virtuales” realizadas por el Servicio de Inspección del CGPJ.
Andalucía, Madrid y Cantabria, a la cabeza en litigiosidad
Durante el segundo trimestre de 2014, la tasa de litigiosidad en el conjunto de España –número de asuntos por cada mil habitantes- fue de 47,1.
Por territorios, Andalucía es el que registró una mayor tasa de litigiosidad (55,9), seguida por Madrid (52,2) y Cantabria (50,4), aunque otras cuatro Comunidades Autónomas superaron la media nacional: Murcia (49,5), la Comunidad Valenciana (49,3), Illes Balears (49) y Canarias (48,1).
En el extremo contrario, La Rioja (28,1), el País Vasco (32,1) y Extremadura (36,1) fueron las Comunidades Autónomas con menor tasa de litigiosidad, según los cálculos realizados sobre las cifras de población del INE a 1 de enero de 2014 (vía El Derecho).
